Ley de alquileres: del fracaso a la incertidumbre
Es inobjetable que la ley 27.551 ha sido un total y completo fracaso, producto de la desidia y falta de empatía de quienes la han elaborado al no tener en cuenta la realidad social y económica de las personas que alquilan así como de las que dan en alquiler.
La conjunción de normativa desidiosa y desconocimiento ha llevado al mercado inmobiliario a un estado de mar revuelto que no trae ganancia de ningún pescador.
A nadie debería asombrarle que hasta los más capacitados profesionales inmobiliarios hoy no tengan respuesta a las preguntas básicas del negocio de bienes raíces.
¿Qué va a pasar con mi contrato si se suspende la ley? Incertidumbre.
¿Conviene que firme ahora? Incertidumbre.
¿A cuánto alquilo? Incertidumbre.
¿Este precio es de mercado? Incertidumbre.
Esto nos lleva, finalmente, a la pregunta clave: ¿fracasó la ley de alquileres? Y allí está la única certeza.
Se abre nuevamente la discusión sobre la Ley 27.551, denominada “Nueva ley de alquileres”. Sin perjuicio de ser un debate necesario e imperativo, deja en claro que, a más de un año de su entrada en vigencia, lejos ha estado de cumplir con los objetivos y las bondades -que se resaltaban como verdades de Perogrullo- que traerían aparejadas las disposiciones de esa ley: reglas claras, previsibilidad, estabilidad, simplificación de la competencia inmobiliaria y, por sobre todo, simbiosis entre locadores y locatarios.
Por el contrario, la actual situación ha agravado el contexto locativo tanto de inquilinos como de propietarios, generando aumentos excesivos de los precios de alquiler, imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones pactadas, rescisión de contratos, reclamos de propietarios de imposible cumplimiento/ejecución, cargas impositivas, etc.; todo lo cual trajo como consecuencia un fuerte decrecimiento en las operaciones de alquiler derivado del retiro de la oferta de inmuebles en locación y consecuentemente la imposibilidad de acceder a un alquiler para la gran mayoría de la población.
Es inobjetable que la ley 27.551 ha sido un total y completo fracaso, producto de la desidia y falta de empatía de quienes la han elaborado al no tener en cuenta la realidad social y económica de las personas que alquilan así como de las que dan en alquiler. Asimismo, no puede pasar por alto, la carga impositiva que impone la ley derivada de la registración de los contratos, punto sobre el cual notablemente se ha puesto mayor énfasis, generando que inexorablemente se traslade dicha carga al inquilino (entre otras cargas), perjudique de todas formas al propietario, y solo beneficie la caja fiscal, voluntaria o involuntariamente, dicotomía que dejo a criterio del lector.
Sin perjuicio de que hoy se hable de discutir la ley de alquileres, suspenderla, repensarla, ajustarla o dejarla sin efecto, las consecuencias y el futuro próximo de dicho debate no puede traer aparejado más que incertidumbre. Incertidumbre que en un país donde los factores económicos y financieros, esenciales para el mercado inmobiliario, claramente no se caracterizan por su robustez y consistencia.
A dicha situación endeble de nuestra economía, hoy como en el pasado, debemos sumarle la incertidumbre política y desapego social de nuestros legisladores.
La conjunción de normativa desidiosa y desconocimiento ha llevado al mercado inmobiliario a un estado de mar revuelto que no trae ganancia de ningún pescador. A nadie debería asombrarle que hasta los más capacitados profesionales inmobiliarios hoy no tengan respuesta a las preguntas básicas del negocio de bienes raíces. ¿Qué va a pasar con mi contrato si se suspende la ley? Incertidumbre. ¿Conviene que firme ahora? Incertidumbre. ¿A cuánto alquilo? Incertidumbre. ¿Este precio es de mercado? Incertidumbre.
Esto nos lleva, finalmente, a la pregunta clave: ¿fracasó la ley de alquileres? Y allí está la única certeza.
Por Cristian Marcos CHANG — Asociado del Estudio Pérez Alati y asociados, Fundado en 1991, Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM), es un estudio jurídico integral especializado en asesorar a compañías y organizaciones locales e internacionales.
Fuente: DIARIO LA NACION (22–12–2021)
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