“El Poder Judicial de la Ciudad es un poder muy afín del poder político”
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El Doctor Jorge Martin Yrigoyen, abogado de CUCICBA, presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia para destrabar la causa que ya lleva cuatro años en la justicia luego de que el Gobierno de la Ciudad decidió limitar el trabajo inmobiliario
La situación con los inquilinos y los alquileres generó revuelo no sólo para los primeros sino para los corredores inmobiliarios a quienes la nueva ley 5.859 los perjudica y ya se presentaron al día de hoy tres demandas colectivas y 110 amparos individuales en la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fue presentada esta semana, por varios organismos inmobiliarios en conjunto, un recurso extraordinario por considerar arbitraria la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, además sostienen la inconstitucionalidad de la Ley 5.859 y acusaron a la Legislatura y al Poder Judicial ser serviles al Poder Ejecutivo.
En diálogo con Tiempo Judicial, el Doctor Jorge Martin Yrigoyen, abogado de Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( CUCICBA) y de la Corporación de Rematadores y Corredores Inmobiliarios, expresó que “el Poder Judicial de la Ciudad es un poder que está muy afín del poder político”. El recurso actualmente presentado incluye al Colegio Profesional Inmobiliario, el Centro de Corredores Inmobiliarios y el patrocinio del abogado Jorge Rizzo.
En tanto, recordó que “la Legislatura sacó el 2017 la Ley 5.859, que prohíbe a los profesionales inmobiliarios cobrar honorarios por su trabajo cuándo es un destino habitacional”, y remarcó que “esa prohibición abarca cualquiera sea el monto del alquiler y es prácticamente para todos”.
“Quién va con un corredor inmobiliario va de forma voluntaria, lo que hace esta prohibición es cortar la figura del corretaje inmobiliario, la intermediación a los corredores, porque el trabajo profesional es oneroso. Además, lo que hizo fue reducir los honorarios en vivienda a un 50% de lo que era antes de esa ley”, expresó “Coco” Irigoyen a este medio.
Además, explicó que ante esta situación se presentaron tres demandas colectivas y 110 amparos individuales. Según relató, en diciembre del año 2017, la Sala 2 en lo Contencioso y Administrativo, sacó la resolución y estableció todas las reglas del Amparo colectivo.
En abril del año 2018 se dictó una sentencia de fondo, y la misma sala declaró la inconstitucionalidad de la ley, ahí se planteó el recurso ante el Tribunal Superior de la Ciudad. “Están más preocupados por la Autonomía de la Ciudad que por impartir justicia”, concluyó el letrado.
Fuente: DIARIO TIEMPO JUDICIAL (3–8–2021)
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