Audiencia Pública: más del 97% de los oradores rechazó la privatización de Costa Salguero
Entre los principales argumentos que fueron esgrimidos para rechazar el proyecto se encuentran sus contradicciones con la Constitución de la Ciudad, el Plan Urbano Ambiental y el Código Urbanístico; el déficit de espacios verdes y la preservación del ecosistema ribereño y la pérdida de espacios públicos, entre otros.
La audiencia pública por la rezonificación de Costa Salguero y Punta Carrasco, que se realizó en la Legislatura porteña a lo largo de los últimos dos meses, finalizó este sábado con el 97,6% de sus oradores rechazando el proyecto del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que busca habilitar en esos predios la construcción de edificios de hasta 10 pisos.
De acuerdo a un relevamiento realizado por los legisladores porteños del Frente de Todos (FdT), Juan Manuel Valdés y Lucía Cámpora, expusieron en la audiencia un total de 2.057 personas, de las cuales 2.002 se opusieron a la iniciativa del Ejecutivo local, que propone cambiar las normas urbanísticas de estos dos predios, que están ubicados en la ribera del Río de la Plata y abarcan 32 hectáreas.
En tanto, sólo 55 participantes se manifestaron a favor de la iniciativa. De estos, 24 son o fueron funcionarios con cargos jerárquicos dentro del GCBA, mayormente en áreas vinculadas con la implementación del proyecto, y otros 7 tienen algún tipo de vinculación formal con el Gobierno porteño o con la fuerza política gobernante.
“Miles de ciudadanos y ciudadanas expresaron su rechazo al proyecto que se pretende desde el Gobierno de la Ciudad”, dijo al respecto Valdés a través de un comunicado, en el cual agregó: “Tenemos que redoblar los esfuerzos para evitar que llegue al recinto”.
Vecinos y vecinas de todos los barrios de la Ciudad, activistas ambientalistas, colectivos de profesionales de la arquitectura, autoridades de la universidad pública, referentes académicas/os, jóvenes y adultas/os mayores, artistas, comunicadores, senadores, diputados/as, comuneros/as, agrupamientos vecinales y agrupaciones políticas, se destacan en el amplio abanico de participaciones de las 30 jornadas de audiencia pública.
Entre los principales argumentos que fueron esgrimidos para rechazar el proyecto se encuentran sus contradicciones con la Constitución de la Ciudad, el Plan Urbano Ambiental y el Código Urbanístico; el déficit de espacios verdes y la preservación del ecosistema ribereño y la pérdida de espacios públicos, entre otros.
Además, durante las audiencias fue señalado la problemática de la cercanía con el aeropuerto Jorge Newbery. En este sentido, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) advirtió que los edificios proyectados “atentan contra la seguridad aeronáutica”, ya que se construirían a menos de 500 metros de la cabecera de una de las pistas del aeroparque metropolitano.
En tanto, la propuesta de crear un gran parque público fue contundente: se propuso llamarlo “Diego Armando Maradona”.
“El Gobierno de la Ciudad debe escuchar la voz de los porteños y porteñas que se manifestaron en esta enorme audiencia, al igual que en las distintas manifestaciones que se llevan adelante en defensa de la costanera. Avanzar con un proyecto de estas características, desoyendo el pedido de tantos vecinos y vecinas, sería un acto de enorme sordera y un irremediable error en la historia de la Ciudad”, señalaron desde el bloque de legisladores del Frente de Todos.
El proyecto de rezonificación fue aprobado en primera lectura en la Legislatura porteña en octubre pasado, con votos del oficialismo (Vamos Juntos) y de bloques aliados (UCR-Evolución y Partido Socialista), y la audiencia pública era requisito para que la norma llegue al recinto para una segunda y definitiva votación.
En diciembre de 2019, el oficialismo porteño, que en ese momento contaba con 32 bancas en la Legislatura, de un total de 60, aprobó una ley que autorizaba la venta de las tierras de Costa Salguero y Punta Carrasco, que pertenecen al Estado local, y luego lanzó el “Concurso nacional de ideas”, convocando a proyectos arquitectónicos que incluyeran la construcción los edificios.
Sin embargo, la venta de las tierras se encuentra suspendida por un fallo de la justicia local en segunda instancia, el cual consideró que las tierras ribereñas son de “especial tutela” por su valor ambiental; además, la Constitución porteña establece en su artículo 8° que los terrenos costeros son “públicos y de libre acceso y circulación”.
Dicha Constitución también establece, en su artículo 1°, que la Ciudad de Buenos Aires, “organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa”.
Fuente: DIARIO AMBITO FINANCIERO (30–1–2021)
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