Alquileres. Propietarios e inmobiliarias rechazan una prórroga del congelamiento

Si bien el Gobierno aún no tomó una decisión, advierten que le extensión de la medida podría terminar perjudicando a los inquilinos, ya que la oferta se reduciría a la mínima expresión.

El próximo 30 de septiembre vence el congelamiento de alquileres que estableció el decreto 320/2020 por seis meses y, si todo continúa igual, aquellos inquilinos que se acogieron a esa posibilidad deberían empezar a pagar en octubre las cuotas de los aumentos que adeudan o de los meses que no abonaron. También se levantaría la suspensión de desalojos. Y, si bien desde el Gobierno informan que no está definida una prorroga, el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la Argentina (Cofeci) manifestó su “absoluto rechazo” a esa posibilidad, al igual que la Cámara de Propietarios de la República Argentina, y alertaron que una medida así podría terminar “perjudicando a los inquilinos, ya que la oferta inmobiliaria en alquiler se reduciría a la mínima expresión”.

Del otro lado, la Asociación en Defensa de Inquilinos dijo que lo que primero que se debería hacer es continuar con la suspensión de desalojos y también con el congelamiento hasta que la situación se normalice.

En un comunicado titulado “Salgamos adelante con una solución para todos”, Cofeci advirtió por los efectos de una eventual extensión del congelamiento, sumado a la sanción de la Ley de Alquileres.

“Si no fuera por los miles de argentinos que apostaron a su país comprando o construyendo inmuebles para luego volcarlos al mercado de alquileres, hoy los argentinos que están imposibilitados de acceder a su vivienda propia por las desacertadas políticas habitacionales y económicas de los gobiernos, no tendrían inmuebles que alquilar”, alertaron

Y añadieron: “A la ya gravísima situación del mercado locativo por la bajísima rentabilidad que hoy tiene un inmueble, agregarle una extensión del DNU implicaría un colapso total de la oferta de alquileres produciendo una masiva migración a la venta de propiedades”.

En igual sentido, se expresó Enrique Abatti, presidente de la Cámara de Propietarios de República Argentina (Capra). “Es como tirar nafta al fuego, porque el que se haría cargo de eso es el locador con la magra renta que recibe y los impuestos que tiene que pagar. Los propietarios no son sociedades de beneficencia. El Estado debería hacerse cargo. Por lo menos con incentivos fiscales, suspendiendo el pago de impuestos. Además, es un desaliento a la inversión inmobiliaria y a la industria de la construcción que es una de las actividades que más dinamiza a la economía”, apuntó en diálogo con LA NACION, y agregó que hay mucha gente que vive de lo que cobra por alquilar una propiedad que está indefensa, ya que, si bien el decreto establece la figura de “locador vulnerable”, no prevé qué trámite debe hacerse para ser considerado tal.

Por otro lado, José Griselli, de la Asociación en Defensa de Inquilinos, dijo a este diario que la primera prorroga debería ser sobre desalojos y lanzamientos. “Deberían suspenderse desalojos y, en consecuencia, lanzamientos, porque obviamente no va a haber lugar donde reubicar a esa gente; que se esté transitando en medio de una pandemia un proceso de desalojo no es una idea feliz ¿Es justo para un propietario? Claro que no, pero ante un eventual levantamiento de las medidas, sería un resorte que permitiría amortiguar un golpe de ese calibre”, explicó.

En cuanto a una continuación del congelamiento se manifestó a favor. “Lo único que se lograría con el fin del congelamiento es engrosar la deuda, con lo cual no parece oportuno, por lo menos hasta que se reactive todo o hasta que haya una eventual normalidad”, añadió, y dijo que para el pago de lo adeudado quizás se tenga que considerar un plazo mayor a los seis meses previstos.

Con todo, si hay algo en lo que coincidieron los colegios inmobiliarios y los inquilinos es que la mora no es generalizada y hay una baja conflictividad entre locadores y locatarios. “En lo personal, salvo casos muy puntuales, propietario e inquilino se han sentado a negociar y a lo sumo se ha acordado percibir una renta menor a la esperada, pero pagando los gastos asociados a la propiedad, como las expensas y los servicios. Mora hay, pero no se trata de una situación caótica”, cerró Griselli.

Consultadas por LA NACION, fuentes del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat dijeron que “se está estudiando y trabajando en el tema” y que la continuidad de las medidas dispuestas en el DNU 320/20 depende “de la evolución de las problemáticas sanitarias y económicas”.

“El DNU busca proteger a los inquilinos tanto de vivienda como de los sectores productivos vinculados al comercio y las pymes. Entendemos que es el momento de interpretar al alquiler como una política de vivienda”, agregaron.

El congelamiento de las cuotas de los créditos UVA

El 30 de septiembre también finalizaría el congelamiento de las cuotas de los créditos UVA, cuyos valores permanecen sin cambios desde marzo, según el DNU 319 dictado para los inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados con el referido destino por la parte deudora. En este frente, el descongelamiento no supondría una deuda a pagar, pero sí un salto en la cuota del orden del 27%.

“La UVA hoy tiene tres valores que conviven a partir de las medidas que se fueron tomando. Uno a partir de su diseño original, que el Banco Central (BCRA) publica a diario. Luego de que terminara el congelamiento que rigió entre agosto de 2019 y febrero de 2020 se fijó un sendero de convergencia para que la UVA PASO prepandemia alcanzara al valor original. En tercer lugar, la UVA volvió a quedar congelada desde marzo de 2020 hasta septiembre, lo que llamo la UVA pospandemia. Si hoy la UVA volviera al valor sin congelamiento Covid, habría un aumento del 27% aproximadamente, porque pasa de $ 44,11 a $ 56,06 y aún restaría un aumento del 5% para llegar al valor original”, explicó Federico González Rouco, economista que se especializa en vivienda.

Y señaló un dato más que muestra el efecto que se genera al extender congelamientos. “En febrero, cuando se comenzó a recuperar el atraso del congelamiento, lo máximo que se había atrasado la cuota era un 22%. Hoy estamos en un 50% más que eso”, concluyó. Consultadas por LA NACION, fuentes del BCRA dijeron que aún no está definido cómo continuarán las cuotas.

Por: María Julieta Rumi

Fuente: REPORTE INMOBILIARIO (2–8–2020)

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