Advierten por fuertes subas en alquileres y por demoras en tratar la ley

Las inmobiliarias señalan que los aumentos en diciembre rondaron el 52%, y que la oferta se redujo un 40%; pese a que fue tema de campaña, aun no se cambió la norma. Hay varios proyectos presentados por Juntos por el Cambio, pero no se tratarían hasta marzo

A pesar de que oficialismo y oposición dijeron que no funcionó y que debe ser reemplazada, la ley de alquileres seguiría vigente al menos dos meses más hasta el comienzo de las sesiones legislativas, con el agravante de que la actualización de contratos por el índice contenido en la norma vigente se acercó al 52% en diciembre último, según el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA).

“Hasta ahora el aumento máximo que tuvimos, año contra año, fue del 52,6%, lo cual es mucho. Esperamos que, en enero, con menos movimiento, baje un poquito la inflación y luego tendremos que aguantar hasta marzo. Tenemos 60 días para concientizar a los legisladores sobre este tema”, afirmó Marta Liotto, presidente del CUCICBA en diálogo con LA NACION.

Según la corredora inmobiliaria, previo a la ley, los aumentos eran en general semestrales y nunca fueron superiores al 18%, aún con niveles de inflación altos como los actuales. Y si el contrato quedaba retrasado, el propietario y el inquilino se volvían a sentar para discutirlo.

“Hoy el esquema es de una rigidez absoluta. A los inquilinos se les complica muchísimo cuando el contrato les sube de un día para el otro un 51%, y por el lado de los propietarios, pasan todo un año esperando el aumento. La actualización no seduce al propietario y el inquilino pasa a estar muy complicado de un momento a otro”, agregó.

El resultado de esta ecuación es que la oferta de viviendas en alquiler bajó un 40%, según el Colegio, (las unidades fueron volcadas al mercado de venta) y es muy difícil encontrar departamentos de tres ambientes o más grandes para alquilar. “Si el esquema fuera más libre fluiría mejor y serían otros los valores. Sabemos que en la actualidad propietarios e inquilinos arreglan contratos a dos años por fuera de las inmobiliarias ¿Por qué expulsan a la gente a operar en las sombras?”, continuó Liotto.

Los proyectos

CUCICBA presentó un proyecto alternativo a la ley 27.551 a mediados del año pasado a través del diputado de Juntos por el Cambio Álvaro González. El mismo proponía la modificación de la duración de los contratos para volver a plazos de dos años, en lugar de tres, y derogar el artículo 14°, que introduce la obligatoriedad de la actualización anual según un índice del Banco Central. El proyecto no fue tratado en comisión, pero en diciembre se sumó uno nuevo presentado por el diputado Martín Tetaz, con la firma de María Eugenia Vidal, Ricardo López Murphy, Emilio Monzó y Paula Oliveto, entre otros.

El proyecto de Tetaz plantea que el plazo de los contratos no debería ser de menos de un año y, si no figurara, se consideraría celebrado por el plazo mínimo legal de dos años.

En cuanto a las actualizaciones, dice que el precio del alquiler se debería fijar como valor único y por períodos mensuales, “sobre el cual solo podrían realizarse los ajustes que las partes de común acuerdo hubieran establecido expresamente en el contrato”. Esto significa que propietarios e inquilinos podrían acordar la forma de actualización y el índice.

Por otro lado, Alberto Asseff, también de Juntos por el Cambio, planteó directamente derogar la norma, al igual que Luciano Laspina, que presentó junto a Jorge Enríquez un proyecto para generar incentivos fiscales para la construcción de viviendas para alquiler.

“Que los legisladores acompañen un proyecto o que hagan una mezcla y saquen uno de común acuerdo. Vamos a recorrer despachos porque queremos que esto se trate en marzo y también pedimos una reunión con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. Él puede hablar con los diputados del oficialismo, aunque ya Leandro Santoro y Sergio Massa dijeron que algo había que hacer con la norma. No es que no saben lo que está pasando”, afirmó Liotto.

En tanto, fuentes legislativas del Frente de Todos dijeron a este diario que siguen reuniéndose con inquilinos y propietarios para tratar de encontrar un equilibrio y que resta que se conforme una comisión especial integrada por oficialismo y oposición para trabajar el tema, lo cual no ocurriría hasta marzo, a menos que se convoque a sesionar en enero y febrero.

Por María Julieta Rumi

Fuente: DIAIRO LA NACION (2–1–2022)

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